Más allá de la pelea por el control del sector que tiene como protagonistas al titular de ARCA, Juan Pazo, y a su ex ladero y actual superintendente, Guillermo Plate, en el mercado de las aseguradoras cunde la preocupación por el creciente intervencionismo político del organismo regulador que inclina la cancha para un puñado de compañías.
Las aseguradoras protegidas
Sin embargo, no todas las compañías están sometidas a esos obstáculos, al contrario. Pese al distanciamiento con su (ex) jefe político, Plate sigue manteniendo el horizonte de achicamiento y reducción de jugadores que planificó en 2023 Pazo. En ese juego, facilita la consolidación de las principales compañías con las que hace la vista gorda a la hora de exigirles requerimientos o condiciones financieras que, en otros casos, resultan en inhibiciones o la prohibición de operar.
Otro cantar es lo que ocurre con Triunfo, la empresa del flamante ministro de Transporte también se sentaba en la mesa del poder de Plate, aunque la designación de Luis Pierrini enfrió la relación por la posibilidad de convertirse una amenaza para el control sectorial que hasta ahora ejerce de Plate.
Caso testigo
Uno de los casos más significativos del manejo discrecional al que está sometida hoy la Superintendencia se expresó en las diferentes sanciones que se aplicaron a dos aseguradoras tradicionales del mercado: Boston y Paraná. Estas compañías, como buena parte de las aseguradoras, arrastraban una serie incumplimientos muy similares como el pago de resarcimientos por siniestros y demoras en la presentación de balances y documentos ante el organismo regulador.
Lo llamativo fue que la actuación de la Super fue totalmente distinta en un caso y otro. En marzo del año pasado, un dictamen firmado por Plate ordenó la inhibición de bienes de Boston dado que la compañía registraba «demora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de montos de condena derivados de sentencias judiciales firmes, y en algunos casos, inclusive resultaría afectado el patrimonio de sus propios asegurados».
Cuatro meses después, la Gerencia de Asuntos Jurídicos del organismo emitió un dictamen en el que consideró «inaceptable» la propuesta del Grupo Campici, propietario de Boston, para aplicar una liquidación voluntaria desestimando que administren los bienes para la realización del activo y la cancelación del pasivo. El paso siguiente fue la revocación de la autorización para operar en el mercado que terminó con la historia de la empresa.
La actuación del organismo que conduce Plate fue notoriamente distinta en el caso de Paraná Seguros. Mientras avanzaba el proceso que dejó fuera de la cancha a Boston, la empresa que conduce Balabian fue habilitada por el gobierno para comenzar a operar en el sector de las aseguradoras de riesgos de trabajo, un nicho cada más exclusivo que más que sumar jugadores, se va cerrando sobre un puñado de empresas.
Ese movimiento ocurrió a pesar que Paraná acumulaba numerosas denuncias por incumplimiento en el pago de sentencias, idénticas causas por las que fueron inhabilitadas varias de sus competidoras. De hecho, la Superintendencia consideró que la empresa exhibía un «patrón de conducta contrario a la ley que evidencia un claro ejercicio irregular de la actividad aseguradora», según describe la resolución firmada por la máxima autoridad regulatoria. Sin embargo, hace un mes optó por una sanción menor, una multa de 27 millones de pesos.
Fuente: letraP
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