EL DIFICIL EQUILIBRIO: 4 PUNTOS QUE IBAN PERO NO FUERON

La entrada de la nueva administración en la Superintendencia de Seguros se hizo notar de inmediato. Nueva gente, nuevo paradigma y nueva actitud terminaron abandonando los principales caballitos de batalla de la gestión Bontempo.

El SEGURO VA A LA ESCUELA, se anunció como un plan prometedor de generación de conciencia aseguradora y difusión del seguro como herramienta accesible a todo el mundo. La idea original parecía estar bien concebida, una toma de conciencia por parte de los distintos niveles de escolaridad, de conocer lo que es un seguro, para qué se utiliza y los beneficios que brinda su contratación, una forma de acercar el seguro a la gente. Podría  haber constituido también una fuente de empleo, donde personal especializado diera las charlas en los distintos niveles, sin embargo, terminó siendo administrado por productores y empleados de compañías de seguros, las cuales fueron presionadas por el organismo para quitar gente de sus tareas habituales y destinar parte de su jornada laboral a brindar las charlas.

El PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE SEGUROS, implicaba para el  sector realmente una gran preocupación. En primer lugar, porque la SSN nunca mostró su contenido, no fue exhibido el proyecto final que se terminaría elevando a las cámaras y por ende fue una producción del organismo de contralor sin ningún tipo de aval de sus implicados, ni aseguradoras, ni cámaras, ni nadie. Un proyecto que lejos de imponer equidad en las situaciones atento la categoría de consumidor del usuario de seguros frente a grandes empresas sin posibilidad de negociación, obligaba a las compañías a mantener indemne al asegurado en caso de siniestro, aún si no había pagado su póliza por un tiempo determinado, eliminaba toda causal posible de rechazo, entre otras medidas.

Se anunció la creación del DOAA, como una forma de acercar a los asegurados  al organismo de control, de supervisar a las aseguradoras en el cumplimiento de los servicios que venden, pero como ya hemos planteado en notas anteriores, terminó siendo un esfuerzo a todas luces inútil. En primer lugar, porque la posibilidad del asegurado de concurrir a la SSN a realizar una denuncia ante el incumplimiento de una aseguradora ya estaba previsto y de hecho se utilizaba. En segundo lugar, porque como parte del engrosamiento del estado, termina siendo la creación de un órgano más de revisión, puesto que ya están creados organismos que cumplen esta función, como es el Defensor del asegurado, figura que cuenta con los medios suficiente s para poder intermediar entre compañías y asegurados, siendo que además  en la práctica hay juzgados que directamente ante una problemática de esta índole, le derivan el caso para tratar de conciliarlo, con un alto porcentaje de reclamos solucionados. No conformes con ello, dieron vida también al SAA, otro organismo también destinado a atender al asegurado ante su reclamo por no cumplimiento, pero esta vez ya en el ámbito interno de la aseguradora, como si fuera una empresa diferente a la que resolvió el problema en cuestión. Como aún así, la idea fracasaba, se redactó la Resolución 39627 que incorporaba a los terceros reclamantes, hospitales públicos y centros de salud pública, como legitimados para reclamar por esta vía, ante el incumplimiento del pago de la Obligación Legal Autónoma, la negativa de la aseguradora a recibir el reclamo, el incumplimiento del acuerdo firmado o de la sentencia recaída en el siniestro y la violación a la normativa vigente. ¿No existe ya el ámbito de la mediación, el juicio ejecutivo y el juicio ordinarios para dirimir esta cuestión?  ¿Será que tenemos más de 4 organismos que cumplen en definitiva la misma función, con el derroche de dinero que todo ello implica? Afortunadamente, esta Resolución nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial.

La DESCENTRALIZACIÓN DE LA SSN, que se anunció como una medida tendiente a acercar el órgano de supervisión al interior del país, terminó siendo una oficina con personal totalmente carente de sentido. Si bien como decimos la idea de establecer oficinas en el interior del país nace como una forma de acercar la superintendencia, permitir que el interior pueda realizar sus trámites de forma más ágil y no tan engorrosa, para ello se necesita una verdadera descentralización, una oficina con funciones casi iguales al órgano central, que pueda recibir reclamos, resolver cuestiones, y no que sea un mero lugar para tramitar la credencial o una agencia de correo para mandar documentación a la sede central.

Argentina a nivel general y específicamente en seguros, debiera tender a la equidad, al famoso término medio. A proteger por un lado a los asegurados ante casos de abuso o incumplimiento, facilitarles los medios para hacer públicas sus denuncias y tratar de obtener una respuesta en un tiempo razonable, pero también una Argentina que fomente el desarrollo de las aseguradoras, el manejo de su capital en inversiones rentables y líquidas, que en definitiva ese es el patrimonio que tienen para hacer frente al pago de los asegurados, premiar a quien cumple pero también castigar a quien no lo hace, una Argentina que de verdad desarrolle planes de concientización sobre la importancia del seguro, a través de la publicidad, del fomento de la actividad. No se trata de “poner a la persona humana por delante del interés económico de una empresa ni de servir a los requerimientos insaciables de las aseguradoras” como se dice por ahí, sino de defender los intereses de ambas partes, de preservar el capital de las aseguradoras para que puedan cumplir sus obligaciones, sin menoscabar el derecho de los asegurados a obtener a cambio del pago de la prima, el servicio que han contratado. Mientras sigamos viendo a nuestro país, con el ojo de patria o buitres, lo único que lograremos será sumirnos cada vez más en el aislamiento, en las posiciones extremas y en el fanatismo, sin ser capaces de situarnos de una vez por todas en el  medio del camino……

Dra. Gabriela Melina Alvarez

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