Siniestralidad laboral: ¿Sólo culpa de las ART?
El considerable aumento en los índices de accidentología laboral que se registra en los últimos años en nuestro país incrementó el debate que se tejía en torno a la eficacia del sistema privado de aseguramiento laboral. Si bien se trata de un cuestionamiento válido, es necesario advertir también la presencia de otros factores que inciden en el crecimiento de una problemática preocupante.
Mucha polémica ha despertado, desde su instalación a principios de la década pasada, el sistema de seguros de riesgo de trabajo que rige a la actividad laboral en nuestro país. Si bien fue diseñado con el objetivo lógico de atenuar los índices de accidentes de trabajo que hasta ese momento se registraban a nivel nacional, la realidad muestra actualmente resultados absolutamente adversos. Las estadísticas demuestran que, más allá de la plataforma de la ley que regula este esquema de seguro, la siniestralidad laboral se presenta como un fenómeno en constante crecimiento.
Como se ha mencionado en ocasiones anteriores, muchos especialistas en materia laboral afirman que la cantidad de accidentes de trabajo se encuentra estrechamente relacionada con el grado de producción que desarrolla la industria de un determinado país. Más allá de que este argumento no se encuadre dentro de lo ilógico, también es cierto que existen, en el plano internacional, casos que demuestran cómo en realidad son otros los elementos que determinan la seguridad en el ámbito del trabajo. Alemania es un ejemplo de cómo un poder de desarrollo industrial importante no es condición imperativa para una accidentología laboral significativa.
Sin embargo, Argentina padece, desde los últimos años, una situación que parece coincidir con esta especie de ley impuesta por muchos sectores del área financiera y laboral. Según muestran las estadísticas de la Superintendencia de la Nación, desde el año 1999 los datos relacionados con la siniestralidad laboral en nuestro país son variables y muestran una relación directa con los vaivenes económicos que nuestro país viene atravesando desde comienzos de este siglo. Durante el período 2000 y 2002, años marcados por la gran crisis que estalló en diciembre del 2001, se llegó a advertir una disminución notoria tanto en la cantidad de trabajadores cubiertos por el seguro laboral como también en la cantidad de accidentes ocurridos con ocasión del trabajo. En ese momento, el mercado laboral mostró una reducción del 9,1% en la cantidad de trabajadores cubiertos, mientras que en lo referente a los accidentes propiamente dicho se puede decir que la disminución fue del 22,7%. Estas cifras empezaron a modificarse desde el año 2003, con el inicio del proceso de reactivación económica, las cuales muestran un aumento del 5,5% de trabajadores cubiertos pero un incremento del 20,5% en la cantidad de accidentes registrados. Evidentemente, la actualidad laboral argentina se encuentra marcada por un contexto de fuerte siniestralidad, fenómeno que ya se encuentra instalado en forma de tendencia y que el sistema de seguro que, en su momento, fue presentado y reconocido por su modernidad, aún no ha logrado acentuar.
En términos generales, se puede decir que la seguridad laboral en nuestro país se encuentra regulada a través de las denominadas Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), autorizadas y controladas a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La entidad es elegida por el trabajador y tienen la responsabilidad de administrar todo lo referente a higiene y seguridad en los ámbitos de trabajo y, en caso de consumarse el accidente, promoviendo tareas de prevención y asistencia tanto dineraria como en especie. Si bien, a nivel general, no se la puede considerar una mala normativa, no caben dudas que su influencia en el ámbito laboral no ha sido lo suficientemente efectiva.
Muchos son los cuestionamientos que los representes de distintos sectores relacionados con esta temática han manifestado en torno a esta situación preocupante, ya sea desde el punto de vista social como también económico. Generalmente, los planteos suelen centrarse en torno a la conveniencia o efectividad del sistema privado de aseguramiento, el cual ha demostrado no haber resultado efectivo en nuestro país. Más allá de esto, resulta inevitable citar un factor que influye de manera notoria en estas estadísticas y que suele ser obviado tanto por representantes del sector industrial como por los organismos encargados de la regulación del trabajo en nuestro país. Los altísimos índices de trabajo en negro que aún se registran a nivel nacional se transforman en un factor de fuerte influencia en la creciente siniestralidad laboral. El trabajo informal, entre otros derechos laborales básicos, priva al trabajador del seguro laboral obligatorio, por lo que queda al margen de cualquier tipo de demanda y reparación a nivel indemnizatorio. A esto se suma que el trabador que realiza sus tareas de manera informal queda al margen de cualquier tipo de certificado que demuestre la relación con el empleador y su ámbito laboral, por lo que, en caso de que efectivamente llegue a sufrir algún tipo de enfermedad o accidente de trabajo no cuenta con la posibilidad de efectuar el reclamo previsto por el marco regulatorio de nuestro país. Evidentemente, una situación más que beneficiosa para el empresario, la cual la SRT tiene obligación de controlar y que, según demuestran los últimos datos estadísticos -45% de trabajo en negro-, cuenta con una solución muy lejana en el tiempo. Si bien, obviamente, no es el factor determinante, resulta más que incisivo, ya que un ambiente laboral que se encuentra en un contexto de ilegalidad, nunca va a contar con situaciones óptimas para un trabajo seguro.
A esto se debe agregar el énfasis con el que cuenta los procedimientos de prevención, contemplados en la ley de las ART y tan decisivos a la hora de contribuir en la lucha contra la accidentología laboral. Evidentemente, en nuestro país el concepto de control previo no está instalado, hecho que repercute en una situación que, contando con un grado de seguridad previa, resulta absolutamente previsible.
Más allá de que el sistema laboral se encuentre bajo la órbita del esquema asegurador privado, la responsabilidad del Estado resulta ineludible, ya que debe ser él, a través de los organismos correspondientes -SRT y SSN-, el encargado de ejercer el control y la supervisión de las diferentes entidades privadas a las que se relega, en este caso, la responsabilidad aseguradora. Por eso, más allá de las características del sistema, la intervención del Estado resulta inevitable. De todas formas, ningún esquema va a resultar exitoso sin un compromiso de control, prevención, regulación y sanción por parte de cada actor que interviene en la conformación del esquema laboral.
Si bien resulta importante el análisis acerca de la conveniencia de un modelo privado, estatal o mixto, resulta imprescindible resaltar e inculcar ciertos valores relacionados más con la acción preventiva que con la indemnizatoria con el fin de atacar directamente a la esencia de un problema que es un patrimonio social. Y, como tal, sólo la labor individual de cada integrante de la cadena laboral será capaz de terminar con una problemática alarmante.
Salomé Zamora
