ART: ¿por qué destruir lo que hoy funciona?
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El proyecto de estatización del sistema de salud, que pretende las «cajas» de las prepagas y obras sociales, pone en la mira también al régimen creado en Riesgos del Trabajo, a casi 25 años de su creación.
La Aseguradoras de Riesgos del Trabajo cubren a los casi 10 millones de empleados registrados del país y, mediante los servicios prestacionales e indemnizatorios que brindan, han venido superando todos los obstáculos normativos y jurisprudenciales.
Actualmente el sector tiene mínima participación de operadoras estatales o sindicales, aunque se ha facilitado infructuosamente esa incorporación.
El sistema actual funciona de manera eficiente y a un costo muy razonable, por la amplia cobertura que brinda en los accidentes y enfermedades laborales. A diferencia de otros países, aquí se cubre también a los accidentes initinere, de alta frecuencia producto de la deficiente estructura vial, el defectuoso servicio de transporte público de pasajeros y el problema de la inseguridad (los trabajadores son frecuentemente víctimas de robos violentos en el trayecto al trabajo), lo que genera miles de lesionados que son atendidos actualmente por las ART.
La alta litigiosidad de los primeros años fue forzando mayores coberturas a las previstas originalmente. Además, los fondos de reserva y garantías diseñados han funcionado cuando fueron requeridos.
La reforma del 2017 ordenó en gran medida la problemática, dando certidumbre al proceso administrativo y manteniendo vigente esta solución para los trabajadores y previsión para las empresas.
En 2020, el gobierno impuso a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que cubran también a los trabajadores enfermos de Covid 19. En primer lugar, la medida alcanzaba solo a los trabajadores esenciales, no obstante, se amplió la atención a todos los trabajadores, sin obligación de probar el nexo causal. Esto significa un enorme costo para las operadoras, que deben adelantar los gastos y brindar las prestaciones, para luego recuperar lo abonado del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP). Este fondo se agotó muy rápido. Si bien ahora se dispuso un mayor aporte de las empresas para engrosar el FFEP, este no logra cumplir con los reintegros en tiempo y forma, y el sistema se desfinancia.
En definitiva, no parece que sea viable para el Estado administrar la supuesta «caja del sistema de riesgos del trabajo», pues sumaría problemas a los propios trabajadores que deberían atenderse en el ya deteriorado sistema público de salud, peligrará la temporánea reparación indemnizatoria actual y generará mayores costos a la cadena productiva, pues los damnificados reclamarán los accidentes y enfermedades directamente a sus empleadores -como ocurrió en el pasado- a quienes muchas veces los llevarán a la quiebra. Un coctel explosivo.
El stock de juicios contra las ART es millonario (aunque se va achicando gradualmente en los últimos años), y resultaría inadmisible que el Estado se hiciera cargo de esa deuda judicial, en tanto que las reservas (mayormente constituidas en títulos públicos) no cubren lo estimado.
Además, la recaudación de primas mensuales -a valores constantes- viene cayendo porque el empleo formal está en disminución (suspensiones por crisis económica/pandemia y falta de horas extras) y los aumentos salariales son menores a la inflación, lo que se contrapone con el aumento de los costos prestacionales que sigue el ritmo inflacionario.
Los montos administrados por los operadores se estiman en u$s 1.500 millones (dólar libre) anuales, lo que puede resultar tentador en estos tiempos de escasez, si solo se mira el flujo, abstrayéndose del gran aporte que se hace a la seguridad social y a los trabajadores en general.
Concluyendo: A nadie le conviene la destrucción del actual sistema de riesgos del trabajo, ni a los trabajadores, ni a los empleadores, ni al propio Estado Nacional.
Datos (fuentes UART/SRT):
- Masa salarial administrada en marzo de 2021 (sin incluir servicio doméstico): $ 745.000.000.000.
- Alícuota promedio del sistema de ART: 2.48% de la masa salarial (son 13 meses incluido aguinaldo).
- Trabajadores cubiertos 9.710.000 (a mayo 2021), caída de 300.000 capitas aprox.
- Stock de juicios del sistema: 270.000.
- Remuneración media mensual: $ 82.000.
Estimaciones
- Valor promedio juicio: $ 900.000.
- Valor del Stock de juicios: US$ 1.500 millones (dólar libre).
- Valor de las Reservas: US$ 1.300 millones (dólar libre). NOTA: las reservas se encuentran mayormente invertidas en títulos públicos contabilizados al 100% de su valor nominal pero que a valor de mercado cotizan a menos del 50%. Ergo, las reservas cubren la mitad del stock.
Fuente de la Nota: El Cronista
