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Publicado por Editorial en fecha 21/10/04 para Segurosaldia.com.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
FUNDADA EN 1894
Miembro de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES)
25 de Mayo 565 (1002) Buenos Aires

Discurso del Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros Sr. Roberto Sollito en la celebración del Día del Seguro y del 110º aniversario de la AACS - 20 de octubre de 2004

Este año celebramos el día del Seguro con la particular circunstancia de festejar nuestro 110 aniversario y de realizar este acto conjuntamente con las asociaciones de aseguradores del interior, de vida y retiro y de riesgo del trabajo, cuyos presidentes nos acompañan en el estrado.
De esta forma queremos destacar la unificación de los empresarios de nuestro sector mediante la creación del COMITÉ ASEGURADOR ARGENTINO, integrado por las cuatro Cámaras aseguradoras más representativas del mercado, quienes en conjunto suman cerca del 100 % del primaje total. Este hecho representa un acto de gran madurez y compromiso del sector empresario asegurador. Algunos de nuestros principales objetivos son: unificar nuestra representación; contribuir a fomentar la conciencia del seguro en la Argentina; contribuir al desarrollo de un mercado asegurador altamente profesional y con elevado estándares en calidad de servicios; participar con la sociedad argentina en la defensa del valor de la vida humana a través de la promoción de acciones de prevención de accidentes y educación vial, contribuyendo así al logro de un ámbito de mayor seguridad ciudadana.

Fue en 1894 que un grupo de aseguradores, presididos por D. Josué Moreno, se reunieron en el local de la calle Florida para suscribir el acta de fundación de lo que hoy es la Asociación argentina de Compañías de Seguros. Han sido 110 años de una fecunda y sólida tarea para lograr una actividad aseguradora basada en los sanos principios del cumplimiento de los compromisos asumidos y de las buenas prácticas empresarias basadas en la libre competencia.

Los aseguradores hemos contribuido a lo largo de nuestra historia a consolidar el proceso de desarrollo económico y social de nuestro país y lo continuaremos haciendo. Para ello es imprescindible contar con un entorno adecuado que garantice y promueva dicho desarrollo. Hoy más que nunca se requiere de un fuerte compromiso de los ciudadanos, fuerzas políticas, autoridades y gobernantes destinado a respetar y hacer cumplir las leyes. Se requiere de un marco de seguridad jurídica y el funcionamiento de un sistema democrático moderno que haciendo previsible la actividad en todos sus campos, posibilite un fuerte aumento de las inversiones en la integridad de las áreas del quehacer nacional. Con ello lograremos un significativo aumento del nivel de empleo y de los ingresos de la población, bajando de esa forma los índices de pobreza en indigencia vigentes, los cuales son socialmente intolerables y conspiran contra el desarrollo armónico a largo plazo.

No menos importante es generar ámbitos de seguridad par nuestros habitantes que den tranquilidad y generen espacios adecuados donde realizar sus actividades. Es en este campo donde vemos con preocupación los hechos cotidianos de delincuencia en todas sus modalidades, siendo los más preocupantes los secuestros de personas por las consecuencias personales y familiares que implican. Este flagelo afecta no solamente los bienes sino también la vida de las personas, especialmente la de menores ingresos, quienes no cuentan con los medios para protegerse. El estado argentino, quien monopoliza el uso de l fuerza, debe urgentemente recuperar los espacios públicos para los ciudadanos. Si bien reconocemos que se han logrado avances importantes en materia de la disminución de robo de autos a partir del control de los desarmaderos ilegales, hecho que destacamos, vemos que aún quedan acciones por ejecutar a fin de reducir estos robos, los cuales, no debemos olvidarnos, generar un número de muertos significativas. Es importante mencionar los hechos de piratería del asfalto, los cuales no han disminuido, y generan un fuerte quebranto a todas las actividades productivas. Los aseguradores hemos colaborado con las autoridades en estas acciones y lo seguiremos haciendo en todo lo que esté a nuestro alcance.

No debemos dejar de manifestar nuestra preocupación por el elevado número de muertos que se producen anualmente por causa de accidentes del tránsito. En la argentina fallecen, en promedio, unas 30 personas por día. Las muertes anuales han crecido de 8781 en el año 2001 a 11084 en el año 2004. El número total de muertos por cada millón de automotores en circulación en nuestro país es de 5 a 8 veces superior al de los países europeos y Norteamérica. Mientras en estos países se observa una significativa reducción de este indicador en los últimos diez años, en Argentina ha crecido. Hay legislación vigente que permitiría encarar las acciones de prevención y educación vial, pero lamentablemente debemos mencionar el incumplimiento y falta de control en aspectos claves establecidos en la Ley de Tránsito. Es importante destacar que cerca de la mitad de los accidentes laborales se producen in itinere como consecuencia de lo ya mencionado. La sociedad argentina gasta elevados montos en la recuperación de las personas que han sufrido accidentes de tránsito. Este gasto podría destinarse a financiar otras actividades de la sociedad, tales como educación y salud, mejorando el bienestar general.

No podemos dejar de mencionar el déficit existente en educación e investigación, para, lo cual se debería acordar una política de Estado cuya implementación cuente con la asignación de los fondos necesarios. El desarrollo y progreso futuro del país esta íntimamente relacionado con la inversión educativa.

Nuestra actividad necesita de un régimen impositivo, acorde con los vigentes en otros países del mundo, que lejos de castigar a la actividad aseguradora, a través de su elevadísima presión, fomente el crecimiento a partir de un abaratamiento del precio final que incentive la demanda de nuestros seguros. Desafortunadamente, en este último año el sector ha sido gravado con nuevos impuestos, como el de la tasa para bomberos, contribución que no objetamos pero que ha sido instrumentado, desde nuestro punto de vista, de una manera totalmente inadecuada.

La Industria del Seguro celebra y alienta la acción oficial para combatir las prácticas de lavado de dinero en nuestro país. En este sentido comprometemos nuestro firme apoyo a esas tareas, descontando que los mecanismos de control a implementar, no se transformarán en obstáculos que terminen atentando contra la comercialización de nuestros productos.

Vemos con satisfacción que la negociación de la deuda en default esté llegando a su etapa final. Este hecho permitirá darle un marco de previsibilidad a la actividad económica e impulsará su crecimiento futuro. En nuestra actividad el default comenzó en el año 1992 como consecuencia de la insolvencia del IndeR. Hoy a más de 10 años no se terminó en forma definitiva su liquidación. Reclamamos nuevamente su urgente finalización.

Respecto del sistema de riesgos del trabajo a ocho años de su vigencia, me cabe decir que la Ley sobre Riesgos del Trabajo ha obtenido una serie de resultados concretos tales como: haber evitado más de 400.000 siniestros gracias al trabajo conjunto de empleadores, trabajadores, Estado y ART; atender en forma plena y oportuna a más de 3,2 millones de trabajadores accidentados; dirimir controversias en un plazo promedio de 42 días para lo que es primera instancia; otorgar prestaciones comparables a las de Estados Unidos y España; pagar prestaciones dinerarias por incapacidades definitivas en un plazo de 15 días, todos logros positivos corroborados por los satisfactorios indicadores obtenidos, de un 87% para los empleadores y un 82% para los trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, hoy por razones exógenas al mismo, se encuentra en una encrucijada en la cual si desde el Estado no se actúa en la dirección correcta puede reeditarse una situación no deseada como la sucedida hace escasos 8 años, cuyo principal protagonista fue la litigiosidad padecida por las empresas, beneficiarios, aseguradoras y por parte del propio Estado a través de su reaseguradora que aún limitando la cobertura a través de medidas tales como montos máximos, franquicias, con exclusiones nominativas de empresas, actividades económicas y también provincias, no pudo evitar su monstruosa quiebra.

Por imperativo ético es mi deber advertir que en las condiciones actuales, no es factible con procedimientos técnicos y actuariales, propios del seguro, establecer una prima que resarza de las múltiples eventualidades posibles. Por lo tanto, tampoco es asegurable hasta tanto el Estado restablezca el equilibrio. Remarcamos enfáticamente, que frente a los problemas que se han generado en el sistema de riesgos de trabajo, los aseguradores no volveremos a un pasado donde las aseguradoras perdieron sumas significativas debido a lo que conocimos como la industria del juicio. Debe existir previsibilidad para que se pueda aplicar la técnica aseguradora y aceptar los riesgos que se quieran cubrir. Quienes no entiendan este concepto ponen en serio peligro la continuidad de muchas empresas, especialmente las PYMES.

Finalmente, nuestro reconocimiento al Dr. Claudio Moroni quien se hizo cargo de la conducción de la Superintendencia, en momentos de una profunda crisis económica. Su adecuada y eficiente gestión nos permitió atravesar esa difícil coyuntura. DR. MORONI le deseamos éxito en su nueva tarea a cargo de la Sindicatura General de la Nación. Asimismo queremos destacar nuestro apoyo y colaboración al nuevo Superintendente Licenciado Miguel Baelo, a quien también le deseamos éxito en su nueva función.